Cárcel para pareja de esposos que habrían direccionado contratación pública en el CENAC y la Secretaría de Salud de Bogotá


Una fiscal de la Seccional Cali, con apoyo de la Dirección Especializada contra la Corrupción, judicializó a Pilar Alexon Contreras Erazo, quien para el momento de la captura se desempeñaba como subdirectora de contratación de la Secretaría de Salud de Bogotá; y a su esposo Carlos Arturo Flores Carreño, como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y concusión.

La pareja habría recibido dádivas por favorecer a contratistas, cuando la investigada trabajaba para la Central Administrativa y Contable del Ejército Nacional (Cenac). También se indagan posibles anomalías en un contrato de prestación de servicios en la Secretaría de Salud de Bogotá.

La investigación se relaciona con la posible materialización de eventos de corrupción: cinco en el Cenac y uno en la Secretaría de Salud de Bogotá.

Ante los elementos probatorios presentados por el ente acusador, el juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los dos investigados, al considerar que podrían continuar con la actividad delictiva y obstruir a la justicia.

La investigación

Según lo establecido por los investigadores y peritos del CTI, Contreras Erazo, siendo asesora jurídica de la Central Administrativa y Contable del Ejército Nacional (Cenac) Puente Aranda, supuestamente direccionó cinco contratos por valor de $3.000’000.000.

La funcionaria habría establecido junto con su esposo una empresa criminal entre septiembre y diciembre de 2017, que contactaba oferentes para entregar información privilegiada y reservada, brindar asesorías de manera ilícita, garantizar la adjudicación de contratos y, de ser necesario, gestionar prórrogas para el cumplimiento de los mismos. Todo, al parecer, a cambio de millonarias dádivas.

Los contratos con las aparentes inconsistencias tuvieron por objeto la compra y venta de materias primas de intendencia, compra de repuestos, mantenimiento de vehículos y adquisición de uniformes militares.

Asimismo, se evidenció que presuntamente la pareja continuó con su actividad delictiva en la Secretaría de Salud de Bogotá, donde habría utilizado un contrato de prestación de servicios a nombre de un tercero para que Flores Carreño, desde su residencia, trabajara directamente los temas de contratación de la entidad. El valor del contrato era por $5’000.000 que eran entregados mensualmente a la pareja.