Con demanda se busca prohibir la venta de comida chatarra en los colegios
En una acción dirigida por Dejusticia, se busca regular por parte del Ministerio de Educación, la alimentación escolar en el país, ya que 3 de cada 4 niños toman bebidas azucaradas una o más veces al día, y 4 de cada 5 niños consumen productos de paquete una vez al día; datos registrados por un estudio del Ministerio de Salud sobre entornos escolares.
Debido a esto, y por los pocos aportes nutricionales que tienen los menores en los alimentos ultraprocesados, una demanda que recién fue admitida en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, busca que se prohíba la venta de comida chatarra en los colegios.
Para la organización, esta medida debe estar basada en los siguientes cuatro puntos:
- Piden una resolución que prohíba la comida chatarra en las tiendas escolares y se establezca que productos se pueden vender y publicitar en entornos escolares tanto privados como del sector oficial en el país
- Solicitan regular la publicidad de los alimentos ultraprocesados, como paquetes, que generalmente tienen excesos de azúcar, grasa saturada y trans, y sodio.
- Promover la venta de alimentos más saludables en los colegios
- Que se vigile, controle y sancione a los colegios e instituciones que incumplan dicha prohibición y que todas estas medidas se apliquen con urgencia, dadas las crecientes cifras de sobrepeso y obesidad en niños.
Dejusticia fundamentó su demanda indicando que «comer es un acto social y emocional», por medio del alimento los seres humanos afianzamos historias, ideas y tradiciones.
En ese sentido, los colegios son espacios donde se afianzan estos valores, además de ser fundamentales para el desarrollo cognitivo y físico de los niños, las niñas y los adolescentes. Estos espacios tienen el potencial de promover prácticas alimentarias saludables a partir de la implementación de políticas públicas que regulen la publicidad y la venta de productos ultraprocesados.
La magistrada Claudia Lozzi del Tribunal de Cundinamarca será quien lleve la demanda, ya que encontró que la Acción Popular reúne los requisitos para ser admitida y, entonces, les dio a los Ministerios de Educación y de Salud 10 días para que contesten lo que alega Dejusticia.
Asimismo, notificó de la acción a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.