Denuncias

Contraloría detectó detrimento patrimonial en proyectos de regalías en Casanare

La Contraloría General de la República detectó presuntos hallazgos fiscales por valor total de $24.541’000.000, en una Actuación Especial de Fiscalización a proyectos financiados con recursos de regalías que contrataron la Gobernación del Casanare y algunos municipios de este departamento.

Cuatro hallazgos fiscales, que totalizan $12.867’000.000, corresponden a obras ejecutadas por la Gobernación de Casanare. Mientras tanto, en el municipio de Aguazul se determinó un hallazgo fiscal de $3.384’000.000, relacionados con la construcción de una planta veredal de tratamiento de aguas residuales donde, entre otras irregularidades, se hicieron pagos por valores superiores a los ejecutados. 

La Gobernación de Casanare fue designada como ejecutora de varios proyectos que tenían como objetivo impactar positivamente en la calidad de vida de los habitantes del departamento. Sin embargo, debido a malos manejos en la gestión, planeación y ejecución de los proyectos, dichos objetivos no han sido cumplidos y, por el contrario, han generado daño al patrimonio por un valor de $12.867’000.000. 

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 Los casos a destacar son:

1. Hallazgo fiscal por $ 5.508’000.000 por sobrecostos en proyecto de Transporte:

Sobre el proyecto “Ampliación de la vía y pavimentación en carpeta asfáltica Sabanalarga – La Ye – Porvenir, municipio de Sabanalarga, (22.3 KM)”, por valor de $31.212’000.000, la Contraloría General de la República realizó análisis y seguimiento a cada una de las etapas contractuales y a la información suministrada por la entidad en lo correspondiente al análisis de precios unitarios de la propuesta del contratista de obra, Consorcio Vías del Llano.

Se evidencia falta de rigurosidad y soporte técnico de tales precios, así como ligereza en su elaboración, encontrando errores en la estructuración técnica de los mismos, incongruencias en las unidades asignadas y falta de detalle en el análisis dimensional en función de las unidades de medida y pago solicitada, además del reconocimiento de pagos adicionales. 

Dichas actuaciones evidencian una vulneración al principio de selección objetiva establecido en el artículo 5 de la Ley 1150 del 2007, que señala que la misma obedece a que la oferta más favorable sea la que se ajuste a los requisitos y condiciones objetivas de evaluación indicadas en los pliegos de condiciones. 

Hubo una deficiente estructuración técnica de los ítems observados, así como inobservancia por parte de la entidad auditada en la fase precontractual y de la interventoría y supervisión de la misma, en la ejecución del proyecto. Esto se dio al aprobar los análisis de precios unitarios sin haber presentado observaciones al respecto. 

Dicha gestión, calificada como antieconómica e ineficaz, y que compromete al contratista de la obra y de la interventoría, por uso ineficiente de los recursos, se traduce en la configuración de un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal, por un valor de $5.508’000.000.

Esta suma corresponde al cálculo de cantidades de las actividades observadas multiplicadas por el valor recalculado que se obtuvo producto de los ajustes realizados.

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2. Detrimento patrimonial por $4.371’000.000 en proyecto de tecnología e innovación

En el caso del proyecto “Fortalecimiento de capacidades en conocimiento, investigación, ciencia, tecnología e innovación –CTEI–, encauzado al desarrollo integral del sector educativo, mediado por TICS en Casanare”, por valor de $21.963’000.000, que beneficiaría a 26.000 personas, la Contraloría General de la República pudo constatar, tras un proceso auditor, que presenta fallas en la planeación, supervisión e interventoría, a causa del desconocimiento de funciones y obligaciones contractuales legales.

Por la vulneración al principio de planeación, el pago por prestaciones no ejecutadas e incumplimiento del objeto contractual, se configura un hallazgo fiscal con incidencia disciplinaria por el valor total pagado al convenio especial de cooperación No. 020 del 2013 y al contrato de interventoría No. 1692 del 2014, que asciende a $4.371’000.000.

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3. Hallazgo de $1.813’000.000 en obra realizada en el municipio de San Luis de Palenque: se advierten deficientes y graves falencias en los diseños estructurales y la realización de ítems o actividades que agotaron el valor del contrato permitiendo incumplimiento del objeto contractual.

Para el proyecto “Construcción de obras de mitigación y protección fluvial sobre el río Pauto en el barrio Guasimal y vereda Santa Ana (colegio), municipio de San Luis de Palenque”, por valor de $1.895’000.000, se realizó la debida inspección de los contratos de obra e interventoría, así como de la ejecución de las actividades programadas y avances de obra, y se pudo constatar que el proyecto presenta deficiencias y graves fallas en la etapa precontractual y contractual.

Se evidenció una violación directa al principio de planeación y, adicionalmente, flaqueza en los estudios previos realizados para determinar la realidad de la inestabilidad de zona y los riesgos de reestructuración que se podía presentar. Debido a esto, se configura un hallazgo fiscal por valor de $1.813’000.000.

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4. Hallazgo de $891’000.000 en vía de acceso a vereda de Aguazul: obra ejecutada en avanzado estado de deterioro e incorrecto manejo de anticipo del proyecto.

Para el proyecto “Mejoramiento a nivel de pavimento de la vía de acceso a la vereda Turua – municipio de Aguazul”, que tenía un valor total de $2.165’000.000, se pudo constatar que los ítems y actividades del contrato de obra 2135 de 2018 ejecutados hasta ese momento se traducen en un avance de obra equivalente a solo un 38%, mientras que los dineros pagados a la fecha ascienden a $1.748’000.000, o sea un porcentaje del 80,64%.

Queda así saldo por pagar de $419’000.000 (el 19,36%), lo cual evidencia que se han hecho pagos por valores superiores a los ejecutados. 

En razón a este mal manejo del anticipo y pago de prestaciones no ejecutadas o ejecutadas de manera defectuosa, se configura un detrimento patrimonial con incidencia disciplinaria por un valor de $891’389.281.