Dos ex-gobernadores en Colombia fueron enviados a la cárcel y obligados a devolver 16.000 millones
La gran cantidad de material probatorio encontrado por la Fiscalía General de la Nación en contra de los exgobernadores de Guainía Óscar Armando Rodríguez Sánchez (2012 – 2015) y Javier Eliécer Zapata Parrado (2016 – 2019), fue suficiente para que mediante preacuerdo, aceptaran su responsabilidad en múltiples actuaciones ilícitas que pusieron en riesgo millonarios recursos del departamento.
Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, evidenciaron una situación de macrocriminalidad, en donde los exfuncionarios, de la mano con algunos de sus colaboradores, habrían suscrito irregularmente varios contratos de suministro y obras públicas entre 2012 y 2018, que no se ejecutaron, quedaron a medias o presentaron diversas inconsistencias en la fase precontractual. Es por esto, que el exgobernador Rodríguez Sánchez, reconoció su participación en el delito de concierto para delinquir agravado; 38 casos de interés indebido en la celebración de contratos, 35 hechos de peculado por apropiación y 5 eventos de cohecho propio.
Por estos delitos, recibirá una condena de 10 años de prisión en centro carcelario.
En cuanto al señor Zapata Parrado, él aceptó su responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado; 24 conductas de interés indebido en la celebración de contratos, 15 actos de peculado por apropiación, 3 más de cohecho propio, 1 de corrupción de sufragante, 4 de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y 1 de fraude procesal. De esta manera, será sentenciado a ocho años y 27 días de prisión.
Con este compromiso, se logró pactar la devolución de$16.284’564.101, con la transferencia del derecho de dominio de tres inmuebles y la
suscripción de seis pagarés. Por disposición de la Fiscalía, esta suma será reintegrada al departamento de Guainía y deberá destinarse a atender programas sociales, de saneamiento básico y asistencia para las comunidades indígenas, pobres y vulnerables.
El citado preacuerdo fue radicado ante la Sala de Juzgamiento de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia para su estudio y legalización.
