Equipo liderado por Felipe Harman corrigió oportunamente el rumbo de la ANT en compra de predios

Al término de una actuación especial de fiscalización efectuada por la Contraloría General de la República (CGR) a la Agencia Nacional de Tierras —ANT—, el ente de control confirmó que Felipe Harman tuvo la razón, al encender las alarmas tras su llegada a la entidad como director general en febrero de 2024.

En su momento, Harman Ortiz ordenó conformar un órgano colegiado al interior de la entidad, que se denominó Mesa de Seguimiento a Casos Críticos, con el fin de revisar a profundidad procesos de compra de tierras que registraban atrasos y reclamaciones por parte de los oferentes, para actuar con rigor y blindar los procedimientos en aras de proteger lo público.

Tras la auditoría realizada a los procesos de adquisición por compra directa y adjudicación de predios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral de la ANT, desde la vigencia 2022 al 30 de abril de 2024, la CGR encontró que el equipo liderado por Harman evitó una afectación aún mayor y su intervención no se trató de un tema caprichoso, sino oportuno, al no proceder con la conclusión de algunas adquisiciones y, por el contrario, solicitar el acompañamiento de los entes de control.

Uno de los reparos que las comunidades pusieron en conocimiento de Felipe Harman, se refería a la posibilidad real de aprovechamiento agrícola de algunos predios que estaba adquiriendo la Agencia Nacional de Tierras en varios departamentos, lo que debió hacerlos inviables para compra con los fines de la Reforma Rural Integral.

En este sentido, la Contraloría señaló que las herramientas de análisis empleadas en administraciones anteriores a la de Harman, presentaban limitaciones que afectaron la emisión de conceptos confiables por parte de los profesionales agrónomos, lo que impidió reflejar el verdadero potencial agropecuario de los predios.

En otros casos, se afectaron los tiempos de ejecución establecidos para la entrega oportuna de los predios, pero la Agencia explicó que la dificultad para esas adjudicaciones dependió de la participación de varios actores, inclusive entidades territoriales, terceros que debieron confluir en sus actuaciones desde sus respectivas competencias.

Un caso que tuvo relevancia mediática fue el del predio Cachorros, en Puerto Gaitán, Meta. Su valor es de 38.675 millones de pesos pero solo se había pagado el 30%, es decir, 11.602 millones de pesos. El saldo pendiente por pagar es de 27.073 millones de pesos, y por tanto, se evitó un posible detrimento por el restante 70%, mientras se esclarecían los hechos.

El hallazgo o la advertencia por parte de la Contraloría obedece a una inviabilidad técnica, es decir, la administración de ese entonces viabilizó la compra sin que se cumplieran las condiciones mínimas contempladas en el capítulo 2 del artículo 9 del Acuerdo 329 del 2014 expedido por el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras, lo que significa que el predio no contaba con la aptitud agronómica suficiente para poder ser explotado.

En el informe final de su auditoría, la Contraloría General de la República instó a la ANT a subsanar los hallazgos o las dificultades encontradas y a enmarcar sus actuaciones futuras con mayor rigor legal, razón por la cual la Dirección de Acceso a Tierras elaboró un plan de mejoramiento que ya fue comunicado al ente de control, y que contiene acciones factibles de cumplirse en corto tiempo.