Judicializados cuatro hombres por explotación sexual comercial de varias menores de edad
La Fiscalía General de la Nación logró la captura y judicialización de cuatro personas que estarían involucradas en la explotación sexual comercial de menores de edad, algunas de ellas indígenas, en Inírida (Guainía).
Un exconcejal de Inírida, dos docentes y un integrante de una comunidad indígena estarían involucrados en las actividades ilícitas. Los procesados son: Fredy Vladimir Duque Verney, exconcejal de Inírida; Germán Rodríguez Romero y Ciro Alfonso Cruz Terán, docentes; y Marco Fidel Suárez, quien haría parte de una comunidad indígena.
Algunas jóvenes afectadas señalaron que, en varias oportunidades fueron obligadas e intimidadas para que trabajaran en hostales. Así mismo, hay indicios de que algunas víctimas fueron llevadas a paseos, fiestas y encuentros sociales donde también habrían sido abusadas.
El material de prueba da cuenta de que, al parecer, ubicaban a menores entre 12 y 16 años de edad, en condición de vulnerabilidad y las inducían a actividades sexuales a cambio de dinero o diversos regalos o premios como comida, hospedaje o transporte.
Por estos hechos, fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputaron a estos cuatro hombres, según el posible nivel de participación, delitos como demanda de explotación sexual con menor de 18 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Tres de los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, se trata de: Fredy Vladimir Duque Verney, Germán Rodríguez Romero y Marco Fidel Suárez. Por su parte, Ciro Alfonso Cruz Terán seguirá vinculado a la investigación.
Los cargos no fueron aceptados. Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas en Inírida (Guainía) y Bogotá por personal de policía judicial (CTI) de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, con apoyo del Ejército Nacional y la Armada Nacional.
Un mes después, el 21 de marzo de 2020, 17 personas fueron capturadas y judicializadas, entre ellas, funcionarios judiciales, integrantes de la fuerza pública y comerciantes.
A finales de diciembre de 2020, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 12 bienes, avaluados en 1.200 millones de pesos, que habrían sido utilizados para el ilícito.
