Hallazgo fiscal en Aguazul por pago de valores superiores a la obra ejecutada
La Contraloría General de la República detectó un hallazgo fiscal en Aguazul – Casanare, cuyo municipio fue designado como ejecutor del proyecto “Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la vereda Copiagua”, por un valor total de $4.592’000.000 correspondientes a recursos del Sistema General de Regalías.
Para su ejecución se celebró un contrato de obra con el Consorcio Ptar Casanare, por valor de $4.184’000.000, un contrato de interventoría con el Consorcio Intersaneamiento por valor de $333’000.000, y otro contrato de apoyo a la supervisión por valor superior a los $73’000.000.
El alcance del proyecto es mejorar el desempeño del sistema actual del tratamiento de aguas residuales, contribuyendo a una adecuada prestación del servicio de alcantarillado, protección al medio ambiente y calidad de las aguas superficiales de las fuentes hídricas receptoras de estos vertimientos.
Sin embargo, en el proceso auditor adelantado por la Contraloría se pudo constatar que los ítems y actividades del Contrato de Obra No. 275 de 2018 tienen un porcentaje de ejecución equivalente a un 50%, mientras que los dineros pagados equivalen a un porcentaje del 73,68% del valor total de la obra, quedando un saldo por pagar de $1.208’000.000 equivalente a un 26,32%, evidenciando que se han hecho pagos por valores superiores a los ejecutados.
De esta forma, se establece que hay una falta de planeación y ejecución por parte de la supervisión contratada; también hay falta de actuación por parte de la interventoría para conseguir la correcta ejecución y funcionalidad del proyecto.
Así mismo, la Alcaldía aceptó, certificó y/o aprobó como recibidos a satisfacción y, además, aprobó, avaló y/u ordenó el pago del valor total de obras no realizadas, o realizadas parcialmente o en condiciones defectuosas o insuficientes o, en general, sin el cumplimiento real de lo efectivamente contratado.
Se evidencia también que la ejecución de la obra ha presentado varios inconvenientes a la espera de permisos y autorizaciones que han dejado como resultado varias suspensiones y prorrogas del contrato, evidenciado así una muestra fehaciente de la debilidad presentada en la etapa precontractual y contractual del proyecto.
Esto demuestra una violación directa al principio del planeación y, adicionalmente, flaqueza en los estudios previos realizados para determinar que los permisos ambientales expedidos por Corporinoquia no se ajustan a los requerimientos técnicos del proyecto y que tampoco se cuenta con permiso de uso de vía nacional expedido por el INVIAS.
De esta forma, se encuentra un detrimento al patrimonio público, consecuencia de una gestión fiscal antieconómica e ineficiente, resultado de la conducta omisiva de no exigir el cumplimiento conforme a lo pactado.
Por la falta de exigibilidad, falta de imposición y adopción de medidas conminatorias para el logro oportuno y efectivo del proyecto, se configura un hallazgo fiscal con incidencia disciplinaria por el valor total pagado al proyecto, cuya suma asciende a $3.384’026.892.